Hace bien el gobierno colombiano utilizando los mecanismos diplomáticos, a través del recurso a los organismos multilaterales para denunciar y poner en evidencia las preocupantes declaraciones del mandatario venezolano. Sin duda alguna esto refuerza la convicción de que en su historia diplomática Colombia ha recurrido a los procesos concertados de negociación que buscan garantizar la paz y la seguridad mundial, asunto este con el que se construyó la arquitectura del sistema multilateral después de la segunda guerra mundial y que todos los miembros que han adherido los tratados de las organizaciones intergubernamentales que la componen se han comprometido en resguardar y promover.
Dichas declaraciones de Hugo Chávez, ampliamente recogidas en los medios de comunicación, no se pueden interpretar sino en clave de populismo retórico que busca la movilización nacional en contra de un enemigo externo para lograr unidad interna. No es casual que en momentos en los que el gobierno venezolano arrastra un problema de credibilidad y gobernabilidad interna, como consecuencia ya no solo de la mala gestión y pérdida de fuelle de la idea etérea del socialismo del siglo XXI, sino además del desgaste propio de un gobierno centrado en el culto a la personalidad de un mandatario incendiario y belicoso ─ no hace falta sino ver el guiño constante que le hace a los militares con compras de armamento y declaraciones de su gusto, además de su mismo origen como militar ─, hable cada vez más de vientos de guerra y utilice lenguaje provocador que llama a la preparación para ella.
Si efectivamente el gobierno venezolano considera o ha percibido que el acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia representa una amenaza a su seguridad y que esta podría devenir en un ataque armado tendría todo el peso de la legalidad internacional para recurrir a instancias multilaterales y denunciarlo como un acto que amenaza la paz y seguridad mundial; en tal caso todos los países vecinos y de la región latinoamericana también deberían apoyar y recurrir a esas instancias para denunciar que ese acuerdo representa una fuente de inestabilidad regional y pone en peligro la paz y seguridad mundial. Sin embargo eso no ha sido así y gobiernos como el de Brasil, Perú o Chile aunque tengan desavenencias y soliciten aclarar el contenido del acuerdo para medir sus implicaciones geopolíticas, no van más allá de recomendaciones o de declaraciones que encuadran ese acuerdo en el campo de los asuntos internos de Colombia.
De igual manera, si es cierto que Colombia está perdiendo soberanía por dicho acuerdo y cede competencia en asuntos estratégicos para la dirección nacional eso es problema de los colombianos y su gobierno y en ningún caso representa una amenaza a la paz y seguridad mundial. Ya se ha demostrado con bastante vehemencia desde los años ochenta que en política exterior la batalla de las ideas hay que ganarla en todos los frentes y si el gobierno colombiano quiere reivindicar su imagen deteriorada en el ámbito internacional y regional debe recurrir con toda su tradición y capacidad negociadora para mostrar a la comunidad mundial que quien están instigando con declaraciones explosivas y provocadoras hacia un camino de confrontación bélica es el gobierno venezolano y que dado el caso, y ojalá sea algo simplemente coyuntural, el gobierno colombiano tiene todo el derecho a la legítima defensa, consagrada en los tratados constitutivos de la carta de Naciones Unidas y de la OEA.
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